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En Betandwin.com, con más de 1,5 millones de clientes en Europa, se registran una media de 3,4 apuestas por minuto (4.000 diarias) de más de 40 deportes, su actividad principal. Además ofrece 30 juegos de casino y lotería. La compañía opera por Internet bajo licencias de juego de Gibraltar, Austria, Alemania y Gran Bretaña. La casa matriz es austriaca donde cotiza en bolsa y fue fundada en 1997.


Más de 130.000 internautas realizan apuestas en Gran Bretaña a través de la página Sportingbet, cuya versión en español española es Miapuesta.com. El grupo, dice, registra una media de 28 apuestas por segundo.

Esta es la realidad que se vive en el ciberespacio, a pesar de que en España está prohibido comercializar juegos de azar salvo los que ofrecen Loterías y Apuestas del Estado (LAE), la ONCE y las Comunidades Autónomas.

En julio, el Ministerio de Economía autorizó a LAE la comercialización de sus productos por Internet y otros sistemas interactivos. El servicio arrancó el 12 de septiembre y tiene 750 clientes. Los ciudadanos pueden jugar un máximo de 200 euros semanales a la Lotería primitiva, El Gordo de la primitiva, la Bonoloto, el Euromillón y la Quiniela por Red. Para el pago de las apuestas es necesario que el jugador sea titular de una cuenta bancaria electrónica.

A nivel comunitario no hay ninguna norma que regule el juego por Internet y las leyes nacionales varían considerablemente de un país a otro de la UE. Gran Bretaña permite las apuestas deportivas a través de licencia y los proveedores de apuestas son controlados por un órgano de supervisión. Portugal no las permite ni a su monopolio y Francia ni tan siquiera considera servicios a los juegos de azar y sólo los autoriza a través de su monopolio.

La Comisión Europea ha solicitado un estudio al Instituto Suizo de Derecho Comparado para evaluar las distintas legislaciones nacionales sobre juegos de azar y su impacto en el mercado europeo. El ejecutivo comunitario incluía los juegos de azar en su polémica propuesta de directiva de servicios, actualmente en discusión en la Eurocámara, que debe garantizar la libre circulación de servicios entre los estados miembros, tal y como ocurre con personas, bienes y capitales.

Fuente: www.elpais.es


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