Didier Dewyn, secretario general de la organización, con sede en Bruselas, explica que la queja se fundamenta en que el juego en España es, en la práctica, un "monopolio" en manos del Estado, que impide a los operadores privados y las casas de apuestas de otros países competir en igualdad de condiciones. Anteriormente, la EBA ya había denunciado a Grecia, Alemania y Dinamarca ante el Ejecutivo comunitario.
El Tratado de la Unión Europea (UE) establece en sus artículos 43 y 49 que las empresas radicadas en cualquier país comunitario pueden establecerse y ofrecer sus servicios en otro Estado miembro, como ya ocurre en otros sectores como el de la energía o las telecomunicaciones.
Sin embargo, la Unión Europea también reconoce a los Estados nacionales la potestad para restringir determinados sectores, como el mercado de los juegos de azar, "para garantizar el orden, la seguridad y la salud pública". Además, el Tribunal de Justicia Europeo amplió las restricciones a "razones de interés general", como la protección de los consumidores o del medio ambiente, siempre y cuando las medidas no sean discriminatorias ni por causas fiscales.
En opinión de Dewyn, "los Estados miembros no deberían prohibir la iniciativa privada del sector con la excusa de la salud pública si ellos mismos incentivan los juegos de azar a través de empresas públicas".
Detrás de la queja hay mucho dinero en juego. Las empresas del sector facturan más de 8.200 millones de dólares en todo el mundo y la cifra ascenderá a 23.500 millones de dólares en 2009, según la consultora estadounidense Christiansen Capital Advisors, que calcula entre 1.800 y 2.500 los sitios disponibles en Internet.
Fuente: www.elpais.es
|